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sábado, 14 de julio de 2012

VIOLENCIA Y DISCAPACIDAD

Los niños con alguna discapacidad sufren 4 veces más violencia que los niños sin discapacidad

Los niños que padecen algún tipo de discapacidad sufren actos de violencia con una frecuencia casi cuatro veces mayor que aquellos sin discapacidad, según una evaluación realizada por la Organización Mundial de la Salud. Así lo explicó en rueda de prensa el experto en Discapacidad y Rehabilitación de la OMS, Tom Shakespeare, quien afirma que ese resultado se ha obtenido a partir del análisis de 17 estudios en los que se recogen datos de un total de 18.374 niños con discapacidad procedentes de España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Israel, Reino Unido y Suecia.

Los resultados del informe ponen de manifiesto que los niños con discapacidad son víctimas de alguna forma de violencia con una frecuencia exactamente 3,7 veces mayor que los no discapacitados, mientras que en el caso de violencia sexual los niños con discapacidad la sufren con una frecuencia 2,9 mayor que el segundo grupo de niños.

Se demuestra así que los niños con discapacidad son vulnerables a la violencia de una manera desproporcionada y que sus necesidades están desatendidas.

"Esto prueba con datos científicos lo que siempre habíamos sospechado", explicó Shakespeare, quien recordó que en todo el mundo existen 93 millones de niños con algún tipo de discapacidad.

El estudio preparado por la OMS se publica en la edición del 12 de julio de la revista médica «The Lancet».

Por su parte, el experto en Prevención de la Violencia de la OMS, Christopher Mikton explicó que si bien la violencia contra los niños con discapacidad "ocurre en todas partes", en los países con ingresos medios o bajos los índices de discapacidad son más altos y los factores de riesgo más importantes, por lo que el riesgo de violencia "es probablemente mayor".

Explicó que existen estrategias para prevenir la violencia contra los niños con discapacidad, entre las que está retirar a los niños con discapacidad de las instituciones de cuidado -donde se producen muchos de los abusos- y tratarlos en el seno de la comunidad.

Asimismo, recalcó la necesidad de destinar recursos económicos a las familias con niños discapacitados y generalizar los programas de enfermeras a domicilio para evaluar la situación familiar del niño y enseñar a los padres como suplir sus necesidades.

Mikton opinó que estas estrategias "ahorrarían a la sociedad muchísimo dinero".

Recordó que por cada dólar invertido, por ejemplo, en un programa de enfermeras a domicilio el retorno es de 3 a 17 dólares en servicios de asistencia que la sociedad ya no tiene que proveer en el futuro.

Fuente: 14/07/2012 EFE

CONSIDERACIONES:

 La violencia, en sus distintas formas, no es privativa de la infancia. Los adultos, en residencias, lamentan el régimen disciplinario que se impone a la hora de levantarse, ducharse, vestirse, etc., que la comida tipo “rancho” no siempre resulta del agrado de los comensales, que el trato de algún cuidador no es aceptable, que la dirección de los centros hace caso omiso a sus sugerencias,…..

Resulta demasiado evidente que la orientación de estos “Macro Centros de Internamiento” se enfoca preferente hacia los resultados económicos en lugar de buscar el bienestar individual de sus administrados. La mayoría de estos residentes reconocen no tener otra opción, si tuvieran la ayuda necesaria preferirían permanecer en su entorno familiar.

POLÍTICA DE COSTES: Si ciertamente resulta a la Administración Pública, MÁS ECONÓMICO, mantener estos servicios en Instituciones Privadas que en Públicas, por cuestiones tan básicas como la cofinanciación de las infraestructuras o los convenios laborales del personal trabajador, evidentemente más ventajosos, habría que cuestionarse, al menos, LA SOSTENIBILIDAD DEL TINGLADO.

 Ahora asistimos a un recorte importante para la Dependencia, de un 15% para los Cuidadores no Profesionales en el entorno familiar. Lo que más me indigna no es esto, en sí mismo, ya que es más que seguro que los dependientes seguirán obteniendo los mismos servicios y atenciones, lo que de verdad me molesta es atisbar la posibilidad de que estos recortes se produjeran en los “Macro Centros de Internamiento”. Seguro y, más que seguro, que los servicios y atenciones a los dependientes tendrían importantes repercusiones.

Integración Laboral para Personas con Discapacidad. Este es otro argumento para legitimar a estos Macro Centros, según consta se preocupan de contratar a minusválidos como Personal Laboral. En sí mismo parece fenomenal, pero personalmente me preocupa ver como personas con limitaciones físicas tienen encomendadas funciones con un alto componente de fuerza, agilidad y/o destreza, lo que les presupone un esfuerzo adicional su cumplimiento. Acaso no sería posible integrar laboralmente a la discapacidad de otra manera?, Acaso no existen multitud de puestos de trabajo, en la propia Administración Pública, más factibles de ser desempeñados por discapacitados como: Administración, Puntos de Información, Puntos de Control, Conserjerías, Laboratorios, etc.?, y lo mejor de todo, con los mismos Convenios Colectivos que les garantice su nivel retributivo, y demás derechos, en condiciones de igualdad.

 Por todo ello, me permito la siguiente reflexión, que por otra parte ya cuenta con muchos adeptos en la zona de Cataluña: Mantener a las Personas con Discapacidad y Dependencia, en su entorno familiar mejora indiscutiblemente la calidad en el servicio dispensado, es una opción que debería poder tener la persona afecta y, además, sería más económica de mantener y, en consecuencia, MÁS SOSTENIBLE para la Administración del Estado.

 Se platea como necesario la introducción de planteamientos neoliberales en las políticas de la Discapacidad y la Dependencia, que favorezcan los intereses del INDIVÍDUO frente a planteamientos tecnocráticos claramente intervencionistas. En una economía de libre mercado debemos conciliar la OFERTA con la DEMANDA, con lo que conseguiríamos, como mínimo, la mejora de la calidad en los servicios con clara referencia al usuario final de los mismos.

¡¡¡AHORA PUEDE SER UN BUEN MOMENTO!!!

martes, 3 de julio de 2012

ACCESO A LA JUSTICIA GRATUITA: Medidas para garantizar el acceso a la justicia de las Personas con Discapacidad.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI Estatal) ha trasladado al ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón, unas propuestas para mejorar y garantizar el acceso “efectivo” a la justicia de las personas con discapacidad, con especial atención al beneficio de la justicia gratuita.

Así, el CERMI propone estas medidas ante el anuncio del Ministerio de Justicia de que es susceptible de revisar el servicio de asistencia gratuita, la forma de abonar sus emolumentos a los abogados de oficio, pero no por cada trámite judicial, sino por caso completo; y de establecer un mayor control para garantizar que el beneficiario tiene la renta que dice tener.

Así, el CERMI opina que la reforma del sistema de asistencia jurídica gratuita planteada por el Ministerio constituye la vía “más adecuada” para incluir estas propuestas para facilitar el acceso a la Justicia por parte de las personas con discapacidad en consonancia con los planteamientos de la Convención de la ONU.

Además, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce el acceso a la justicia de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás, así como el derecho a la asistencia gratuita como un instrumento “fundamental” regulado actualmente por Ley.

En este sentido, el total de personas que se acogen cada año en España al servicio de justicia gratuita es de 1,8 millones de personas aproximadamente, cuando, en teoría, sólo tienen derecho los ciudadanos con bajos recursos económicos; y en la práctica, se ha demostrado que ha habido abusos en el servicio, lo que ha llevado al Ministerio de Justicia a plantear que sea el Gobierno central el que se encarga del coste íntegro de la asistencia de justicia jurídica gratuita y que las Comunidades Autónomas compartan una gestión coordinada del servicio y establezcan sistemas de control para evitar el fraude.

Esta gestión coordinada, según el CERMI, implicaría, entre otras cosas, tratar de consensuar un nuevo modelo de asistencia jurídica gratuita.

Propuestas para garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad:
El CERMI ha elaborado una serie de propuestas que aporta para lograr la adecuación de la legislación española, en este sentido, adaptándola a las nuevas obligaciones de la Convención de la ONU.

En esta línea, plantea la creación de turnos de oficio especializados para personas con discapacidad, por parte de los Colegios de Abogados, de acuerdo con la Administración competente, así como la formación de sus miembros. También propone la creación de servicios de orientación jurídica para personas con discapacidad, y la creación de juzgados especializados en materia de discapacidad en los órdenes jurisdiccionales civil, social y contencioso-administrativo.

El CERMI explica que hay otros grupos sociales (en materia de violencia de género, extranjería o penitenciario) especialmente protegidos, con asistencias jurídicas específicas, por lo que, con respecto a las personas con discapacidad, se trataría de incluir uno nuevo que abarca a numerosas personas, “con un relevante interés jurídico digno de protección”.

En cuanto a la asistencia jurídica gratuita, el CERMI propugna desarrollar y llevar a la práctica el asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso a quienes pretendan reclamar la tutela judicial de sus derechos e intereses, cuando quieran evitar el conflicto procesal o analizar la viabilidad de la pretensión.

Por otra parte, el CERMI propone la designación de fiscales especializados en materia de discapacidad, con el objetivo, por un lado, de que intervengan directamente en aquellos procesos del orden penal, en relación a los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas que afectan este grupo, así como del orden jurisdiccional cuando afecten a los derechos de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Por otro lado, se trataría de que coordinen los criterios de actuación de las diversas fiscalías en esta materia; y de que elaboren semestralmente un informe sobre los procedimientos seguidos y actuaciones practicadas por el Ministerio Fiscal en este ámbito también.

Por último, otra propuesta del CERMI es que las personas con discapacidad sean beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita, con independencia de umbrales económicos, ya que la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita elevó ese umbral en el caso de las personas con discapacidad, pero con carácter excepcional, no como reconocimiento de un derecho.

Según el CERMI, las personas con discapacidad deben ser beneficiarias de este derecho, ya que, según indica, tienen: menos oportunidades económicas, un nivel de ingresos inferior al resto, un sobrecoste que representa su situación de discapacidad y una mayor tasa de pobreza, debida a la confluencia de protección social de baja intensidad protectora y a unas tasas de inactividad cercanas al 70%.
 
Como es natural, esto todavía no traspasa el umbral de lo meramente teórico pero, resulta ESPERANZADOR, y no creo que desde un punto de vista estrictamente crematístico resulte mínimamente significativo. Sería un buen gesto hacia la Discapacidad.
 
FUENTE: SERVIMEDIA