Hace ya algunas fechas, concretamente durante los días 12 y 13 de abril de 2010, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, se celebró el Foro Internacional sobre Accesibilidad Universal.
Ni que decir tiene que el acto supuso un inmejorable escaparate para la presentación del nuevo Decreto de Accesibilidad de la Junta de Andalucía, el 293/2009 de 7 de julio, lo que podría ser más discutible es si el alcance del evento tenía, o no, una perspectiva mayor. Lo cierto es que muchos de los que acudimos, de forma privada y no subvencionada, tuvimos que superar algunas dificultades impropias de un evento de estas características, como la deficiente accesibilidad del trazado de cercanías de Renfe, el desajuste existente entre el tren CIVIA y el andén del apeadero del Palacio de Congresos, presuponía una gran dosis de temeridad para los usuarios de sillas de ruedas. Lo peor es que la organización señalaba como “accesible” la forma de acceder al evento y que a pesar de la denuncia expresa de alguno de nosotros, no me consta que el problema, todavía, se haya solucionado.
También nos hubiera gustado que la propia consejera hubiera aceptado algún tipo de intercambio, preguntas y comentarios, sólo se limitó a ensalzar el acto con numerosísimos propósitos de extraordinarios augurios, que no se corresponden, para nada, con la realidad. Otros ponentes, aterrizados sobre la accesibilidad de forma espontánea, se limitaron a leer el contenido del Decreto, en sesiones poco menos que soporíferas y tediosas. Es casi seguro que si su interés fuera más personal, el tratamiento hubiera sido distinto. El aterrizaje de la tecnocracia advenediza sobre la discapacidad presupone, como mínimo, incapacidad de los propios afectados para su autodefensa. Esto no es, o no debería ser, un cajón de sastre donde apalancar a personajes políticos descolgados de otros menesteres.
Dicho esto, comentar que me gustó mucho la intervención de nuestro flamante Director General de Personas con Discapacidad, Gonzalo Rivas, a pesar de su desafortunado comentario respecto de la religión y la discapacidad. A mi juicio, tanto él como Ángeles Cozar, tienen legitimidad suficiente para hablar de los problemas de la discapacidad, pero “fundamentalmente”, por su condición de afectados.
Pero entrando en materia, comentar, que este nuevo Decreto 293 viene a sustituir al Decreto 72/1992, de 5 de mayo. Este tipo de normas tienen utilidad en la medida en que se doten de mecanismos de control y seguimiento adecuados, claro está, si se quiere hacer algo más que publicidad, y en este sentido encontramos una carencia de importancia: Mientras que en el Decreto 72/1992 se recoge de “forma expresa”, en la comisión de control y seguimiento, la participación de las personas con discapacidad, según parece, en el nuevo Decreto 293/2009 no se considera necesaria.
Comentar que desde el año 1992 ha llovido mucho, entre otras cosas, el Gobierno de España suscribe, el 30 de marzo de 2007, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, publicada en el B.O.E. el 21 de abril de 2008 y, en vigor en nuestro Ordenamiento Jurídico, desde el 3 de mayo de 2008. El Art. 29 determina el deber de los Países a garantizar la participación de las personas con discapacidad en la vida política y en la vida pública, con especial indicación a aquellas en que exista un interés legítimo.
Puedo entender que deba existir una sensibilidad especial para tratar estos asuntos con la profesionalidad y respeto necesario, pero somos un colectivo con alta propensión a la indefensión, y que sólo se nos requiera para ponernos en la fotografía resulta, como mínimo, poco respetuoso
Ni que decir tiene que el acto supuso un inmejorable escaparate para la presentación del nuevo Decreto de Accesibilidad de la Junta de Andalucía, el 293/2009 de 7 de julio, lo que podría ser más discutible es si el alcance del evento tenía, o no, una perspectiva mayor. Lo cierto es que muchos de los que acudimos, de forma privada y no subvencionada, tuvimos que superar algunas dificultades impropias de un evento de estas características, como la deficiente accesibilidad del trazado de cercanías de Renfe, el desajuste existente entre el tren CIVIA y el andén del apeadero del Palacio de Congresos, presuponía una gran dosis de temeridad para los usuarios de sillas de ruedas. Lo peor es que la organización señalaba como “accesible” la forma de acceder al evento y que a pesar de la denuncia expresa de alguno de nosotros, no me consta que el problema, todavía, se haya solucionado.
También nos hubiera gustado que la propia consejera hubiera aceptado algún tipo de intercambio, preguntas y comentarios, sólo se limitó a ensalzar el acto con numerosísimos propósitos de extraordinarios augurios, que no se corresponden, para nada, con la realidad. Otros ponentes, aterrizados sobre la accesibilidad de forma espontánea, se limitaron a leer el contenido del Decreto, en sesiones poco menos que soporíferas y tediosas. Es casi seguro que si su interés fuera más personal, el tratamiento hubiera sido distinto. El aterrizaje de la tecnocracia advenediza sobre la discapacidad presupone, como mínimo, incapacidad de los propios afectados para su autodefensa. Esto no es, o no debería ser, un cajón de sastre donde apalancar a personajes políticos descolgados de otros menesteres.
Dicho esto, comentar que me gustó mucho la intervención de nuestro flamante Director General de Personas con Discapacidad, Gonzalo Rivas, a pesar de su desafortunado comentario respecto de la religión y la discapacidad. A mi juicio, tanto él como Ángeles Cozar, tienen legitimidad suficiente para hablar de los problemas de la discapacidad, pero “fundamentalmente”, por su condición de afectados.
Pero entrando en materia, comentar, que este nuevo Decreto 293 viene a sustituir al Decreto 72/1992, de 5 de mayo. Este tipo de normas tienen utilidad en la medida en que se doten de mecanismos de control y seguimiento adecuados, claro está, si se quiere hacer algo más que publicidad, y en este sentido encontramos una carencia de importancia: Mientras que en el Decreto 72/1992 se recoge de “forma expresa”, en la comisión de control y seguimiento, la participación de las personas con discapacidad, según parece, en el nuevo Decreto 293/2009 no se considera necesaria.
Comentar que desde el año 1992 ha llovido mucho, entre otras cosas, el Gobierno de España suscribe, el 30 de marzo de 2007, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, publicada en el B.O.E. el 21 de abril de 2008 y, en vigor en nuestro Ordenamiento Jurídico, desde el 3 de mayo de 2008. El Art. 29 determina el deber de los Países a garantizar la participación de las personas con discapacidad en la vida política y en la vida pública, con especial indicación a aquellas en que exista un interés legítimo.
Puedo entender que deba existir una sensibilidad especial para tratar estos asuntos con la profesionalidad y respeto necesario, pero somos un colectivo con alta propensión a la indefensión, y que sólo se nos requiera para ponernos en la fotografía resulta, como mínimo, poco respetuoso
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