En base a la interpelación interpuesta, el pasado miércoles, por el diputado del PNV, Emilio Olabarría, al ministro de Fomento, José Blanco, el Congreso de los Diputados aprueba por unanimidad la modificación del Código Civil y la Ley de Propiedad Horizontal para la defensa de los derechos de las Personas con Discapacidad y, así, facilitar la accesibilidad en los edificios de viviendas.
Junto con la moción, también se aprobó una enmienda adicional presentada por el Partido Popular para que en las viviendas financiadas en todo, o en parte, por las Administraciones Públicas y sus organismos y entidades dependientes, pasen una auditoría previa de accesibilidad. Asunto que fue defendido por, nuestro compañero en silla de ruedas, Francisco Vañó, portavoz del PP en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados.
La moción aprobada pide al Gobierno que en un plazo máximo de seis meses envíe al Parlamento sendos proyectos para modificar el Código Civil y la Ley de Propiedad Horizontal en lo necesario para su plena aplicación.
En definitiva, se trataría de garantizar un Derecho Fundamental de las Personas con Discapacidad, la ACCESIBILIDAD. Este Derecho entra a formar parte de nuestro Ordenamiento Jurídico desde el momento en que La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la Organización de las Naciones Unidas, fue ratificada por el Gobierno de España (junto con su Protocolo Facultativo) en mayo del 2008.
Ahora viene una cuestión preliminar, la falta de desarrollo normativo, en nuestro país, ¿podría justificar la vulneración de estos Derechos Fundamentales?
Obviamente NO, en este sentido nos consta que desde la Fiscalía General de Estado se han dado instrucciones precisas para que éstos derechos sean defendidos desde los distintos ámbitos de nuestra geografía. Téngase en cuenta que pueden ser invocables ante las autoridades políticas, judiciales y administrativas.
Tenemos por delante una ardua tarea, la salvaguarda de estos derechos no es automática, cosa que podría ser, si realmente todo el mundo estuviera convencido y si se aplicaran, de oficio, los criterios adecuados de Discriminación Positiva para la corrección de desigualdades. Habrá que esperar a ver el desarrollo normativo, pero lo que está claro es que ante la negativa de la sociedad (comunidades de vecinos, Adm. Públicas, etc.) a aplicar estos conceptos, requerirá, por parte del agredido, algún tipo de acción para exigir el cumplimiento. En unos casos, la Persona con Discapacidad podría ser considerada un problema en su comunidad, pues obligaría a sus vecinos a contribuir económicamente en cuestiones de accesibilidad que de otra forma no serían precisas. Por otro lado, esperar que las organizaciones de afectados pongan en situación de riesgo su financiación por denunciar a las distintas Administraciones por incumplimiento, y/o vulneración, de éstas normas, parece francamente difícil.
Este tipo de modelo social donde la corresponsabilidad se confunde con incondicionalidad, se encuentra francamente en crisis. En éstos días que se habla mucho de sostenibilidad, de transversalidad, etc. tendríamos que replantearnos muchas cosas para poder mirar al futuro con optimismo.
Nuestra ciudad no es el mejor ejemplo para la promoción pública de viviendas accesibles, en una de las últimas promociones de VIMCORSA, la promoción de las 309 viviendas, se construyen viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios. Viviendas “adaptadas” sólo las de 1 y 2 dormitorios. La mayoría de nosotros vivimos en familia, más que nada por las atenciones que precisamos, y estas características no se ajustan, necesariamente, a nuestras necesidades. Se nos indica que no existe demanda que justifique hacer otra cosa, pero si se observa con detenimiento los planos de las viviendas de dos dormitorios, la adaptada y la no adaptada, personalmente creo que la no adaptada presenta mejores condiciones de habitabilidad para las PMRs (Personas con Movilidad Reducida). De manera que inscribirme como demandante de vivienda adaptada no tiene sentido mientras no cambien las cosas.
Las Personas con Discapacidad, ahora, somos objeto de derecho, por lo que se trasciende de lo meramente asistencial y paternalista, de antaño, para ubicarnos en un contexto social de respeto e igualdad social.
Pero es esto real o es sólo una ilusión.
Junto con la moción, también se aprobó una enmienda adicional presentada por el Partido Popular para que en las viviendas financiadas en todo, o en parte, por las Administraciones Públicas y sus organismos y entidades dependientes, pasen una auditoría previa de accesibilidad. Asunto que fue defendido por, nuestro compañero en silla de ruedas, Francisco Vañó, portavoz del PP en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados.
La moción aprobada pide al Gobierno que en un plazo máximo de seis meses envíe al Parlamento sendos proyectos para modificar el Código Civil y la Ley de Propiedad Horizontal en lo necesario para su plena aplicación.
En definitiva, se trataría de garantizar un Derecho Fundamental de las Personas con Discapacidad, la ACCESIBILIDAD. Este Derecho entra a formar parte de nuestro Ordenamiento Jurídico desde el momento en que La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la Organización de las Naciones Unidas, fue ratificada por el Gobierno de España (junto con su Protocolo Facultativo) en mayo del 2008.
Ahora viene una cuestión preliminar, la falta de desarrollo normativo, en nuestro país, ¿podría justificar la vulneración de estos Derechos Fundamentales?
Obviamente NO, en este sentido nos consta que desde la Fiscalía General de Estado se han dado instrucciones precisas para que éstos derechos sean defendidos desde los distintos ámbitos de nuestra geografía. Téngase en cuenta que pueden ser invocables ante las autoridades políticas, judiciales y administrativas.
Tenemos por delante una ardua tarea, la salvaguarda de estos derechos no es automática, cosa que podría ser, si realmente todo el mundo estuviera convencido y si se aplicaran, de oficio, los criterios adecuados de Discriminación Positiva para la corrección de desigualdades. Habrá que esperar a ver el desarrollo normativo, pero lo que está claro es que ante la negativa de la sociedad (comunidades de vecinos, Adm. Públicas, etc.) a aplicar estos conceptos, requerirá, por parte del agredido, algún tipo de acción para exigir el cumplimiento. En unos casos, la Persona con Discapacidad podría ser considerada un problema en su comunidad, pues obligaría a sus vecinos a contribuir económicamente en cuestiones de accesibilidad que de otra forma no serían precisas. Por otro lado, esperar que las organizaciones de afectados pongan en situación de riesgo su financiación por denunciar a las distintas Administraciones por incumplimiento, y/o vulneración, de éstas normas, parece francamente difícil.
Este tipo de modelo social donde la corresponsabilidad se confunde con incondicionalidad, se encuentra francamente en crisis. En éstos días que se habla mucho de sostenibilidad, de transversalidad, etc. tendríamos que replantearnos muchas cosas para poder mirar al futuro con optimismo.
Nuestra ciudad no es el mejor ejemplo para la promoción pública de viviendas accesibles, en una de las últimas promociones de VIMCORSA, la promoción de las 309 viviendas, se construyen viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios. Viviendas “adaptadas” sólo las de 1 y 2 dormitorios. La mayoría de nosotros vivimos en familia, más que nada por las atenciones que precisamos, y estas características no se ajustan, necesariamente, a nuestras necesidades. Se nos indica que no existe demanda que justifique hacer otra cosa, pero si se observa con detenimiento los planos de las viviendas de dos dormitorios, la adaptada y la no adaptada, personalmente creo que la no adaptada presenta mejores condiciones de habitabilidad para las PMRs (Personas con Movilidad Reducida). De manera que inscribirme como demandante de vivienda adaptada no tiene sentido mientras no cambien las cosas.
Las Personas con Discapacidad, ahora, somos objeto de derecho, por lo que se trasciende de lo meramente asistencial y paternalista, de antaño, para ubicarnos en un contexto social de respeto e igualdad social.
Pero es esto real o es sólo una ilusión.
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